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DERRIBANDO EL MITO DE LA CONFLICTIVA PARENTAL

  • 2 sept 2025
  • 2 Min. de lectura

La "conflictiva parental" se suele utilizar (y sobre utilizar) en Tribunales, especialmente en causas de Medida de Protección por Vulneración de Derechos, como una "disputa entre progenitores que afecta el bienestar de los hijos", pero este término, al ser demasiado amplio y ambiguo, puede encubrir situaciones de violencia de género, ocultando una realidad reconocida mundialmente, que muchos Tribunales se esfuerzan por seguir escondiendo. 


Diversos dispositivos del Servicio Mejor Niñez a través de sus informes periciales e incluso curadores ad litem, al evacuar sus opiniones profesionales, optan por no realizar análisis críticos profundos que tomen en consideración los contextos relacionales asimétricos basados en violencia de género en los que pudieran estarse desarrollando estos "conflictos parentales", neutralizando la violencia en razón del género, reduciéndola a una mera disputa interpersonal.


Esta argumentación simplista, invisibiliza la situación de vulnerabilidad y necesidad de protección de las víctimas, lo que no sólo las deja en total indefensión, expuestas a nuevos episodios de violencia, sino que refuerza la impunidad con la actúa el agresor, permitiendo que este mantenga contacto con sus hijos, sin importar si esto pone en riesgo la seguridad y el bienestar emocional de estos. 


Así mismo, no identificar la violencia de género dentro de los procedimientos judiciales donde existen hijos en común, implica que las medidas de protección aplicadas y las respectivas derivaciones a programas interventivos, no tengan los lineamientos idóneos para reparar dichas vulneraciones o entregar herramientas a los grupos familiares.


Los Tribunales de Familia y Centro de Medidas Cautelares, han encontrado como solución a la gran mayoría de causas por vulneración de derechos, la derivación del grupo familiar a terapias de fortalecimiento de habilidades para el cuidado y coparentalidad, que en lo concreto ha significado una perdida de recursos públicos, pues no logran entregar resultados favorables, por no tener los enfoques adecuados, cronificando la necesidad de las víctimas de que sea la justicia quien siga interviniendo en sus casos, sin obtener una protección concreta para ellas y sus hijos e hijas. 

 
 
 

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